INTRODUCCIÓN

 La Comisión de Derechos Humanos que me honro en presidir, cada año da a conocer a la opinión pública las actividades encaminadas a permear, al mayor número de personas, a efecto de habilitarlas en la exigencia y cumplimiento de sus derechos establecidos en el orden jurídico mexicano y, acercarlos a una cultura democrática, de tolerancia, desarrollo libre, equitativo y de solución pacífica de conflictos.

En armonía con la norma respectiva, pongo a disposición de los titulares de los tres poderes, un informe pormenorizado de todas las tareas emprendidas por los miembros de este organismo a lo largo de los 12 meses del 2008, realizadas con el máximo esfuerzo, siempre prestos a dar la atención debida a todos aquellos que por alguna razón se acercaron a nosotros para recibir asesoría, gestión, poner alguna queja o simplemente a ser oído o, que se le extienda una mano amiga.

Contrario al recelo de la ciudadanía respecto a las Instituciones Públicas, transparentar nuestros actos nos ha valido acrecentar la confianza de nuestros coterráneos. Estamos conscientes de los momentos difíciles que experimenta, no sólo Campeche, sino México en general, lo que nos obliga a ser más proactivos y, esforzarnos por rescatar el entorno seguro y pacífico que nos legaron nuestros antepasados, para continuar distinguiéndonos como ese rincón del país privilegiado no sólo por la naturaleza, sino por la calidez de su gente.

I.- PRESIDENCIA Y CONSEJO CONSULTIVO.

Presidencia.

De esta forma, se recibió a todo aquel que solicitó ser escuchado y orientado por la titular, dándole seguimiento y resolución a los casos expuestos. Con la visita a los ayuntamientos de Calakmul, Calkiní, Candelaria, Hecelchakán, Palizada y por segunda ocasión, Carmen, se concluyó el recorrido a los Municipios que conforman nuestro Estado, iniciado en el 2007, con el objetivo de proporcionar capacitación a los servidores públicos municipales, e instalar posteriormente la visitaduría itinerante.

Se concedieron 62 entrevistas a diversos medios de comunicación, se ofrecieron diversas conferencias en instituciones educativas, convocamos a concursos de ensayo, oratoria y pintura, y participamos en diversos foros con temas relacionados con la bioética y el aborto.

Iniciamos la Campaña en la Zona Sur-Sureste del país para combatir el Trabajo Infantil, denominada “No se Vale Mano Pequeña”, misma que fue planteada en el seno de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos, aprobándose su implementación a nivel nacional. Así mismo, se procuró darle seguimiento a los convenios de colaboración efectuados con el Instituto Campechano y la Procuraduría General de Justicia.

Recibimos la visita del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Sonora, a nuestro Instituto de Estudios en Derechos Humanos, único en el país, hecho que culminó con la firma de un convenio para proporcionar asesoría técnica, jurídica, académica, logística y administrativa, con el objetivo de que se impartan estudios de postgrado en ese Estado.

Signamos un acuerdo de comodato con el Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad del Carmen para el uso de instalaciones en las que se dan estudios de nivel superior y, 29 convenios de colaboración entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Organismos No Gubernamentales.

Sin dejar de soslayar nuestras obligaciones, esta Comisión forma parte de diversos Comités, tales como: el Comité de Fortalecimiento Laboral para Indígenas, el Consejo Municipal del Programa de Escuelas Seguras, el Comité de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité Regional Contra la Trata de Personas, el Consejo Estatal de Prevención y Control del Sida, el Comité de Seguimiento para la Excarcelación de Presos Indígenas, el Comité Estatal para la Atención del Adulto y Anciano, el Consejo Consultivo Local de la Delegación Regional del Instituto Nacional de Migración, la Mesa de Coordinación Interinstitucional y Vinculación Ciudadana en Materia de Prevención del Delito, el Consejo Local de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Consejo Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad y las Juntas de Gobierno de SANAFAR “Vida Nueva” y del Instituto de la Mujer; en los que brindamos asesoría en la materia, emitimos opiniones e impartimos capacitación.

Consejo Consultivo.

Se presidieron 12 sesiones ordinarias del Órgano Consultivo, escuchando los consejos y opiniones vertidas por los 10 ciudadanos que lo conforman, donde fueron aprobadas 64 resoluciones dirigidas a diversas autoridades, publicadas y divulgadas a través del Órgano Oficial de Difusión, boletines de prensa y medios electrónicos.

Por segundo año consecutivo, en el marco de la celebración del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, realizamos las Jornadas Conmemorativas, dentro de las que efectuamos conferencias, acudimos a escuelas y centros de detención, donde efectuamos conferencias, con la finalidad de difundir este documento internacional que proclama los derechos mínimos necesarios para que el ser humano viva con dignidad.

Con nuestras acciones, a lo largo de la geografía estatal, impactamos a un total de 64,934 personas. Si bien es cierto, nuestro deber con la sociedad campechana es presentar el resultado estadístico de la gestión anual, resulta oportuno aclarar que lejos de pretender representar numéricamente nuestros logros, lo informado es un reflejo del ingenio, esfuerzo y dedicación de un grupo de servidores públicos comprometidos con los derechos fundamentales.

II.- EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS.

“Es en épocas recientes que se ha señalado el papel de la educación como medio para el desarrollo y vigencia real y efectiva de los derechos humanos, a partir de la idea de que, para consolidar el respeto de estos derechos, la labor preventiva es de igual importancia que las diversas formas de protección”. (Instituto Interamericano de Derechos Humanos).

La Educación constituye unproceso idóneo para incidir en la transformación sustancial del individuo, habilitándolo para transitar hacia una cultura de respeto de los derechos fundamentales.

En este sentido, el Instituto de Estudios en Derechos Humanos, Órgano Académico del Ombudsman Estatal, fue instrumentado para realizar funciones de Enseñanza Formal y No Formal, a través de las cuales, se beneficiaron a un total de 52,229 personas, mediante la verificación de 2,333 acciones.

Educación formal.

La expectativa generada para nuestros egresados se finca no sólo en el ámbito del conocimiento, sino en el campo de lo actitudinal; dotándoles de herramientas, habilidades y competencias para incidir creativamente en la solución de problemas en materia de derechos humanos.

Seguros de la necesidad de implementar acciones profundas que igualen, reivindiquen e integren a aquellos grupos de la población en condiciones riesgosas de ser vulneradas sus prerrogativas, aperturamos desde el 2007 la Maestría en Derechos Humanos y Grupos Socialmente Vulnerables, la cual culminó en el mes de junio del año próximo pasado, con 23 egresados.

Con dicho posgrado, tuvimos la oportunidad de adentrarnos al análisis histórico, actual y prospectivo de problemáticas sobre: la infancia, la adolescencia, las mujeres, las víctimas de delitos y, abuso de poder, de las personas privadas de la libertad, de los discapacitados, de los adultos mayores, usuarios de los servicios de salud, personas con VIH/SIDA, de los miembros de los pueblos indígenas, de los migrantes y refugiados; con el fin de incorporar estos conocimientos a las cotidianas labores desempeñadas en instituciones como: la Procuraduría General de Justicia, la Unidad de Defensoría Pública, el Poder Judicial de la Federación, el Centro de Internamiento para Adolescentes, el Tribunal Superior de Justicia, Universidades y la propia Comisión.

A partir de las buenas experiencias recibidas con la primera generación de Especialistas y Maestros en Derechos Humanos, y en busca de nuevos frutos, en el mes de diciembre del año que se informa, decidimos abrir de nueva cuenta dichos posgrados, con 26 alumnos, matriculando además integrantes de Instituciones como: la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública, la Secretaría de Ecología y Agrupaciones de Abogados.

En un esfuerzo por contribuir en la formación de profesionistas interesados por direccionar su actuar personal, laboral y social en favor de una cultura de respeto a los derechos humanos, este Organismo aplica un importante programa de becas para sus estudiantes, en el que los apoyos económicos oscilan entre el 20% y el 100% de los costos. Reconocemos el apoyo que otorga en este sentido a su personal la Procuraduría General de Justicia, el Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública y la Secretaría de Gobierno.

A fin de retribuir socialmente por el respaldo recibido, participan en actividades extracurriculares de promoción, difusión, investigación y gestoría, los alumnos becados.

Tomando en cuenta el constante pedimento de nuestros hermanos de Carmen y en el empeño de plantearnos retos y abrir nuevas brechas, en el 2008 decidimos la apertura de un campus del instituto en dicho Municipio, con el objeto de acercar a esas latitudes del Estado nuestra cobertura educativa.

De esta forma, con el invaluable apoyo del Consejo Coordinador Empresarial de la Isla y el respaldo de la Secretaría de Educación Cultura y Deporte, el 13 de diciembre arrancamos la extensión del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, sede Carmen, con un Programa de Especialidad en Derechos Humanos y Procuración e Impartición de Justicia para Adolescentes, en el que se incorporaron 18 profesionistas.

Cada uno de los esfuerzos que un estudiante de nivel superior realiza como parte de su formación, constituye en sí, una conquista, pero indudablemente, ninguno resulta tan significativo, como el titularse, con el que se ve cristalizada toda una trayectoria. Durante el pasado ejercicio celebramos la Ceremonia de Titulación y Toma de Protesta de la Primera Especialista en esa materia.

Conscientes del trascendente papel que juegan quienes intervienen como formadores en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, contamos con una plantilla académica de excelencia; nuestros profesores son altamente acreditados nacional e internacionalmente, colaboradores de Universidades como: la Nacional Autónoma de México, la Autónoma Metropolitana, la de Amsterdam, Autónoma de Campeche, de instituciones como el Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Secretaria de Relaciones Exteriores y de organismos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Con el fin de desarrollar la lectura colectiva, generar un espacio de información y completar nuestra función de educación formal, administramos una biblioteca con características de libre y gratuita, compuesta por 2,040 ejemplares especializados, con los que brindamos servicios a quienes lo solicitan.

Educación no formal.

Atendiendo a las necesidades definidas por las temáticas a tratar, los beneficiarios, la disponibilidad de tiempo y la infraestructura existente, generamos un colorido abanico de posibilidades de capacitación, promoción y difusión.

Servidores públicos.

Nuestro órgano académico se ocupa de plantear temas de interés actual y de aplicación práctica; de tal suerte que al momento de definirlas estrecha vínculos con quienes demandan tal servicio, es por ello que reconocemos el auxilio brindado por todos aquellos organismos públicos y privados que colaboraron en la realización de tales acciones en beneficio de su personal.

Niños, adolescentes y jóvenes.

Dentro de nuestras acciones, participamos arduamente en la estimulación de comportamientos acordes, con el respeto a la dignidad con educandos desde el nivel inicial al superior, con las instituciones escolares y sus progenitores.

Para ello diseñamos y aplicamos programas de teatro guiñol, formación de promotores, cursos en vacaciones, tv-debates, cine-debates, impartición de charlas, colocación de stands informativos, concursos de oratoria y ensayo, visitas guiadas, paneles con especialistas y otros.

Mujeres.

En esa tesitura, se emprenden acciones especializadas que promueven la igualdad de derechos y oportunidades entre los sexos, como alternativa para el desarrollo equilibrado del género humano. Al respecto, impactamos alrededor de nuestra geografía, a mujeres con tópicos enfocados a prevenir la violencia y la discriminación en el hogar, la escuela, el trabajo, las instituciones públicas y la calle.

Indígenas.

De tal suerte, este Organismo dirige acciones a favorecer un ambiente de respeto y reivindicación de las prerrogativas de los miembros de los pueblos indígenas de nuestro Estado, con la colaboración de diversas Instancias Públicas y de la Sociedad Civil.

Adultos Mayores.

Ante este paisaje, se han enfilado sus esfuerzos para promover una cultura de reivindicación de la dignidad de las personas de la Tercera Edad, promoviendo y difundiendo sus derechos entre los miembros de este grupo etario y las instituciones que les brindan servicios.

Personas privadas de su libertad.

Bajo esa premisa, la difusión de las obligaciones del personal de los establecimientos penitenciarios ha sido una preocupación, atendiéndose de esta forma a integrantes de los servicios de guardia y custodia.

De igual manera, trabajamos con personas privadas de su libertad, entre adolescentes, mujeres y, hombres adultos, con contenidos jurídicos y axiológicos.

Otras minorías.

Al respecto, verificamos acciones de promoción, difusión y divulgación en materia de derechos de las personas con discapacidad, víctimas del delito, personas con adicciones y con VIH/SIDA.

Difusión.

Cumplimos nuestro segundo año de transmisión del programa “Hablando de Derechos” con el que pudimos tener la oportunidad de llegar nuevamente a los hogares, de las familias que nos brindaron la gentileza de su atención, con contenidos alusivos a los menores en conflicto con la ley, los derechos lingüísticos, las mujeres, el flagelo de la discriminación y la intolerancia, la salud, el medio ambiente sano, la tortura, la cultura de la denuncia, la explotación sexual infantil, los pueblos indígenas, los adultos mayores, los jóvenes y, las responsabilidades de los servidores públicos, entre otros.

Tenemos mucho por delante, la educación en derechos humanos forma parte del proyecto de construir una sociedad justa, en la que todos los integrantes de la comunidad confluyan en la tarea y aprecien el sentido global de los esfuerzos, valorando la importancia de la participación de todos los involucrados a efecto de que ninguno retroceda en el intento.

III.- PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Original y constitucionalmente corresponde al Estado garantizar el respeto a los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones y, en general en todos sus actos de gobierno; no obstante, es una realidad que como consecuencia de la prestación del servicio público, se incurre por acción u omisión dolosa, imprudencial o negligentemente, en faltas o arbitrariedades que transgreden esos derechos.

Nuestra misión de protección y defensa de los derechos humanos no se circunscribe en la radicación de expedientes de quejas, nuestra función reactiva implica también el ofrecimiento de asesorías jurídicas, el desahogo de gestiones a favor de personas que se encuentran en alguna condición de vulnerabilidad, la inspección de instalaciones de edificios públicos, para lo cual hemos diseñado diversos programas especiales.

Al respecto, brindamos servicios a 7,262 personas a cuyo favor realizamos 7,526 acciones, consistentes en: 2,453 asesorías, 348 quejas, 906 legajos, 2,014 gestiones, 85 estudios sociales y socioeconómicos, la aplicación de 555 cuestionarios, 188 inspecciones y supervisiones, 151 visitas a reclusorios y centros de detención, 31 medidas cautelares, se analizaron 480 expedientes judiciales y administrativos, y se realizaron 315 resoluciones y acuerdos de conclusión de expedientes de queja.

Cabe señalar, que la tramitación de nuestros asuntos no sólo se limita a nuestra oficina central, ubicada en esta ciudad capital, cumplen, de igual con esa misma función, nuestras Visitadurías Regionales situadas en Ciudad del Carmen y Hopelchén, facilitando y acercando así los servicios a la mayor parte de la población.

A través del teléfono de guardia y de la Visitaduría Itinerante, se evitó el desplazamiento de las personas con el consecuente ahorro de sus recursos. Con ella acudimos a los municipios de Calakmul, Calkiní, Candelaria, Hecelchakán, Palizada y a las comunidades de Yaxché Akal, Xmejia y Cacabchén pertenecientes al municipio de Hopelchén, donde se brindaron orientaciones jurídicas, gestiones inmediatas con las autoridades locales, se recepcionaron quejas y, se aperturaron legajos de atención especial.

Programas especiales.

 Mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores.

Respecto a los menores de edad, intervenimos a su favor de manera directa en asentamientos extemporáneos ante la Dirección del Registro Civil, en la obtención de actas de nacimiento de quienes por cuestiones de distancia no les era posible allegarse de tales documentos; así mismo, en salvaguarda de la integridad física de los niños y el disfrute a su derecho a la recreación y esparcimiento en condiciones seguras, solicitamos y logramos que el Ayuntamiento de Campeche emprendiera las acciones necesarias, a fin de que los juegos de todos los centros recreativos de este municipio recibieran mantenimiento y reparación.

En 2 casos de jóvenes desprotegidos por sus familiares, gestionamos que uno de ellos fuera recibido en un albergue y el otro, dada su problemática, en el centro de rehabilitación “Vida Nueva”.

A favor de las personas adultas mayores, tramitamos la obtención de sillas de ruedas, auxiliares auditivos, prótesis oculares y, en general todos los servicios de atención médica.

 Personas con VIH/Sida y con Discapacidad.

Atendiendo a que en el Estado existe un alto índice de personas con discapacidad mental, conjuntamente con el DIF Estatal convocamos a reuniones interinstitucionales para analizar el tema y establecer mecanismos de coordinación, que permitan a este sector vulnerable la asistencia y protección que legalmente les corresponde. Como parte de esta tarea, el DIF Estatal, la Secretaría de Salud y el Hospital Psiquiátrico de Campeche, impartieron a personal de esta Comisión, Policía Estatal Preventiva, custodios del centro de rehabilitación “Vida Nueva”, personal de la Cruz Roja y de la Procuraduría General de Justicia, el curso taller “Manejo del Paciente Agitado”, a fin de tener conocimiento de las técnicas y prácticas clínicamente adecuadas para su tratamiento.

Dando continuidad a la labor iniciada desde hace dos años, supervisamos las instalaciones de edificios públicos, con la finalidad de constatar las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad. En esta ocasión visitamos el Ayuntamiento y la agencia del Ministerio Público de Calkiní, lo que motivó que enviáramos las observaciones pertinentes relativas a la falta de rampas.

Emprendimos acciones de seguimiento, reiterando a los Ayuntamientos de Hopelchén y Tenabo, al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, al Centro Estatal de Emergencias del Estado, al Instituto del Deporte, al Instituto de la Vivienda, a la Auditoría Superior y a la Secretaría de la Contraloría, la importancia de implementar las medidas de infraestructura necesarias para que el servicio público sea materialmente accesible a aquellas personas que tienen limitaciones físicas. Las tres últimas nombradas dieron cumplimiento a nuestras peticiones. En cuanto a las demás señaladas, una vez más las persuadimos a fin de que estén conscientes de la importancia del respeto a los derechos de las personas con discapacidad y tomen las medidas correspondientes.

Víctimas del Delito.

De manera singular, atendimos solicitudes de apoyo de mujeres que eran objeto de asedio por parte de sus ex cónyuges, enviando como medida cautelar y en base a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una solicitud a la Secretaria de Seguridad Pública, para que implementaran las acciones necesarias de vigilancia, como mecanismo de efectiva prevención.

 Personas privadas de su libertad.

Nuestras gestiones permitieron que conforme a los beneficios establecidos en la Ley de Ejecución de Sanciones y Penas Privativas de la Libertad del Estado, 2 reclusos obtuvieran su libertad anticipada y coadyuvamos en la libertad provisional bajo caución de 20 internos con el subsidio de la fundación Telmex–Reintegra. De igual manera, con el fin de hacer cesar afectaciones, en 9 casos emitimos medidas cautelares a la Secretaria de Salud, al Centro de Internamiento para Adolescentes y a los Centros de Readaptación Social del Estado, mismas que fueron aceptadas, emprendiéndose actos encaminados a garantizar una estancia digna y segura durante el internamiento.

En apoyo a la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se realizó la Tercera Jornada de Supervisión Penitenciaria, realizándose visitas a los CERESOS ubicados en San Francisco Kobén, Campeche, y en Ciudad del Carmen, a fin de verificar el estado de las instalaciones y evaluar que las condiciones de vida de la población penitenciaria sean acordes al marco jurídico de los derechos humanos de los reclusos. Derivado de las observaciones formuladas, se están realizando trabajos de rehabilitación en las áreas de servicios generales que comprende la cocina, tortillería y panadería, y en el penal de Carmen se concluyó el túnel de acceso a la clínica.

No obstante lo anterior, persisten violaciones en cuanto a la alimentación, hacinamiento, fauna nociva, insuficiencia del personal de seguridad y vigilancia, cobros indebidos, entre otras irregularidades.

Por lo que una vez más, convocamos a las autoridades que tienen a su cargo las prisiones, para que tomen conciencia de la importancia de generar condiciones que permitan una efectiva reinserción social, erradicando cualquier práctica atentatoria de la dignidad humana, lo que finalmente impactará en la seguridad pública.

Con el propósito de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, apoyamos al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la supervisión al Hospital Psiquiátrico, a las celdas de arresto de la Secretaría de Seguridad Pública y de las Direcciones Operativas de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito de los once municipios, así como las áreas de detención ministerial de la Procuraduría General de Justicia, el Centro de Internamiento para Adolescentes, y los Centros de Readaptación Social.

Como resultado de dichos trabajos, el Ombudsman Nacional dirigió los respectivos dictámenes al Ejecutivo Estatal y a los titulares de los Ayuntamientos, en los que propuso medidas encaminadas a prevenir tales conductas. En seguimiento, convocamos a las autoridades municipales y estatales a una reunión informativa, haciéndoles saber la importancia de cumplir las observaciones referidas, mismas que permitirán brindar un trato justo y digno a toda persona detenida o arrestada.

Si bien, durante nuestras visitas de supervisión realizadas al Centro de Internamiento para Adolescentes del Estado, se pudo constatar el mejoramiento de diversas áreas como son: el comedor, los dormitorios, la ampliación de la estancia femenil etc., volvemos a insistir en la necesidad de que se expida el Reglamento Interno a que se refiere la propia Ley de Justicia para Adolescentes, a fin de que dicho Centro cuente con un marco normativo que le otorgue a los actos emprendidos por su titular, legalidad y seguridad jurídica.

Indígenas.

Asimismo, realizamos visitas a las comunidades de “Ixkan Há”, “Yaxché Akal”, “Chun Ek” y “Francisco J. Mujica” todas ellas del municipio de Hopelchén, con la finalidad de supervisar el estado en que se encuentran las instalaciones de los centros escolares, la asistencia del personal docente, las condiciones socioeconómicas de la población en general y, el servicio de salud con el que cuentan.

Como resultado, remitimos las consideraciones respectivas a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, al Ayuntamiento de Hopelchén y a la Secretaría de Salud, autoridades que nos contestaron favorablemente.

Al igual que en ejercicios anteriores, procedimos de manera oficiosa a supervisar las instalaciones de los centros de salud de comunidades rurales y de cabeceras municipales. En esta ocasión acudimos a los centros ubicados en las capitales municipales de Xpujil y Candelaria, en Tinún perteneciente al municipio de Tenabo, y Chun Ek del municipio de Hopelchén, observándose todos en buenas condiciones a excepción del último; sin embargo, derivado de las consideraciones emitidas, la Secretaría de Salud, subsanó las deficiencias encontradas en esta comunidad, reinstalándose el servicio eléctrico, suministrándose equipo nuevo y pintándose el inmueble.

Igualmente solicitamos a la Defensoría Pública de Oficio del Estado las peticiones de 66 indígenas internos del Centro de Readaptación Social de San Francisco Kobén, consistentes en: asesoría jurídica sobre el estado procedimental de sus causas penales, sobre la interposición de recursos de apelación y, la promoción de juicios de garantías constitucionales. Adicionalmente notificamos a la Dirección de Prevención Social los casos de 24 reclusos también indígenas, quienes ya se encontraban en posibilidad de hacerse acreedores a un beneficio de libertad anticipada, logrando únicamente la liberación de 2 de ellos.

Personas con problemáticas ajenas a condiciones de vulnerabilidad.

En ese orden de ideas, pobladores del sector urbano “Colonial” solicitaron mayor vigilancia con motivo del índice delictivo en esa ubicación, los vecinos del fraccionamiento “Las Flores” nos pidieron interviniéramos con la finalidad de que el Ayuntamiento de Campeche no ocupara la superficie de un parque para la instalación de una planta tratadora de agua. A favor de habitantes de los fraccionamientos “Reforma”, “Colonial”, “Fénix” y del alumnado de la Escuela Secundaria “Técnica No. 27”, tramitamos la reinstalación del alumbrado público de la avenida “Lázaro Cárdenas”, que desde hacía más de un año carecía de tal servicio, y gestionamos reparaciones de calles y banquetas de los fraccionamientos citados. Siendo favorecidos positivamente en todas las peticiones.

Atención y resolución de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos.

Durante la integración de los 348 expedientes de queja iniciados, se realizaron diferentes diligencias de investigación, entre éstas: solicitudes de informes a las autoridades, peticiones de colaboración, recopilación de evidencias, desahogo de testimoniales, análisis de averiguaciones previas, causas penales y expedientes clínicos.

Cabe señalar que al margen de nuestros procedimientos, emitimos 19 medidas cautelares tendientes a prevenir la consumación irreparable de las violaciones a derechos humanos denunciadas, a fin de evitar actos de molestia carentes de fundamentación y motivación legal, detenciones fuera de las hipótesis previstas en la ley y, daños a la integridad física de las personas privadas de su libertad.

Las investigaciones realizadas dieron lugar a la emisión de 130 resoluciones: 66 Propuestas de Conciliación, 10 Documentos de No Responsabilidad y 54 Recomendaciones.

Igualmente, se elaboraron 185 acuerdos de conclusión de expedientes de queja, por los diferentes causas como : porcarecer de competencia, por haberse resuelto durante el procedimiento el conflicto planteado, por haber quedado sin materia las quejas presentadas, por desistimiento y por falta de interés de los quejosos.

Cabe puntualizar que los expedientes radicados en el año 2007 fueron concluidos en su totalidad, lo que nos permite afirmar que al cierre del año 2008 no se incurrió en rezago.

 Procuración de justicia.

En cumplimiento a las 20 recomendaciones enviadas a la Procuraduría General de Justicia, se desahogaron los procedimientos administrativos disciplinarios, solicitados en contra de 28 servidores públicos que acreditamos fueron responsables de violaciones a derechos humanos, imponiéndoseles a la mayoría de ellos, la sanción correspondiente. No obstante, en algunos casos la Contraloría Interna de la Representación Social, determinó la No responsabilidad de sus servidores públicos, motivándonos a decretar el cierre de los expedientes con cumplimiento parcial o insatisfactorio, según el caso.

Al respecto, es menester recordar al Órgano persecutor de delitos, que la aceptación de nuestras Recomendaciones, implica el reconocimiento de la responsabilidad del servidor público señalado, por lo que se genera el deber de dar cumplimiento satisfactorio a todos y cada uno de los puntos recomendados.

A la par, se dictaron acuerdos generales tendientes a que el personal cumpla con medidas administrativas de organización y, mecanismos propuestos, para mejorar la calidad del servicio brindado por el Ministerio Público, la Policía Ministerial y los médicos legistas, girándose las siguientes instrucciones:

•  A los agentes del Ministerio Público, se les indicó entre otros: obtener la comparecencia de cualquier persona, mediante los citatorios correspondientes, que funden y motiven debidamente todos los actos que realicen; contar con los avalúos de daños con la prontitud posible, que ante la solicitud, se fije de inmediato el monto de la libertad provisional bajo caución, y que sin demora alguna se recepcionen las declaraciones ministeriales de las personas detenidas.

Adicionalmente a los acuerdos anteriores, se instruyó al personal de la Subprocuraduría de la Tercera Zona de Procuración de Justicia con sede en Carmen, para que brinden información fidedigna a la ciudadanía sobre las personas que se encuentren privadas de su libertad; que a los indiciados se les permita tener contacto con terceros en los términos legales y, practiquen las tareas que sean necesarias para que todos aquellos casos de adolescentes menores de 18 años que se encuentran involucrados en hechos ilícitos, sean atendidos por agentes del Ministerio Público especializados en procuración de justicia para adolescentes.

Consideramos propicio señalar que del total de recomendaciones emitidas, el 45% correspondió a servidores públicos adscritos a la Subprocuraduría de Justicia de Carmen.

Lo anterior, nos lleva a concluir que, si bien es cierto dicha Representación Social emprendió actos de importancia a favor de la procuración de justicia, ello no justifica la falta de aplicación de técnicas de investigación acordes a las formalidades previstas en el sistema jurídico mexicano, lo que denota la necesidad de intensificar la capacitación al personal de esa zona en materia de prerrogativas fundamentales y, prestar mayor atención al desempeño de los servidores públicos de esa Subprocuraduría, en aras de brindar un servicio cada vez más especializado.

Vale la pena aclarar, que nuestras observaciones no pretenden interferir ni generar obstáculos en la labor persecutoria de delitos, ni que de ello deriven circunstancias que favorezcan la impunidad, ya que contrariamente, procuramos que nuestras resoluciones motiven a que las investigaciones se produzcan acorde a los principios constitucionales y de respeto a los derechos humanos, lo que finalmente permitirá una efectiva e irrefutable impartición de justicia, salvaguardándose así los derechos que ostentan las personas víctimas del delito.

Prueba de ello, son los casos en los que advertimos que los agravios denunciados por la ciudadanía eran subsanables, en apego a la ley que nos rige, y con el consentimiento expreso de los quejosos, de manera conciliatoria propusimos, se tomaran las medidas necesarias y, se iniciaran las acciones pertinentes encaminadas a restituir a la brevedad a los interesados en el goce de sus derechos y, de esta manera, tener por concluido el asunto, ello sin la necesidad de agotar todo el procedimiento de investigación, y sin que la autoridad se hiciera acreedora a una recomendación.

En ese tenor, se emitieron 50 propuestas de amigable composición solicitándose, entre otros: se instruyera a los agentes del Ministerio Público la integración debida de las indagatorias, les notifiquen a las víctimas el estado que guardan las investigaciones, se dicten las medidas de protección a favor de menores de edad, den respuesta a las peticiones formales; y a la Policía Ministerial se les requirió se abstengan de emprender actos de molestia en agravio de la ciudadanía.

 Seguridad pública.

Dentro de las 10 Recomendaciones formuladas a la Secretaría de Seguridad Pública, solicitamos en contra de 16 agentes y 2 médicos en 2 ocasiones cada uno, se inicien y resuelva los procedimientos administrativos disciplinarios correspondientes por haber incurrido principalmente en detenciones arbitrarias y en uso arbitrario o abusivo de la fuerza pública; sin embargo, ante la falta de Órgano Interno de Control, éstos fueron turnados a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, lo que impidió que contáramos oportunamente con las documentales que acrediten el cumplimiento de tales puntos recomendatorios.

Es menester exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública, a efectuar las gestiones necesarias para la creación de la contraloría interna, área encargada del desahogo de los procedimientos administrativos disciplinarios previstos en la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución del Estado.

Por otra parte, nuestros puntos recomendatorios motivaron que dicha dependencia implementara medidas administrativas tendientes a salvaguardar la integridad física de las personas, tanto al momento de su detención como en su traslado a las áreas de arresto preventivo, absteniéndose de hacer uso excesivo de la fuerza pública.

A los médicos de esa corporación se les instruyó para que realicen las respectivas valoraciones a los detenidos con mayor empeño, asentando en sus certificados, datos veraces y, en el supuesto de encontrarse la persona lesionada, proporcionarle la atención médica que requiera a fin de evitar violaciones a derechos humanos.

En gran medida nuestros proveídos recomendatorios consistieron en la implementación de cursos sobre técnicas de sometimiento y detención, solicitudes que fueron cabalmente atendidas.

Otros 5 asuntos iniciados contra la Secretaría de Seguridad Pública, fueron satisfactoriamente solucionados mediante el procedimiento de amigable composición, ordenándose a su personal, se abstuvieran de emprender actos de molestia a la ciudadanía, se diera atención a un escrito de petición, se realizaran recorridos de vigilancia permanentes en determinadas áreas de la ciudad, y por supuesto que intervinieran en caso de advertir actos que transgredan la normatividad en relación a la salvaguarda del orden.

• Policía Preventiva Municipal.

A la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Carmen, le enviamos 10 Recomendaciones, solicitando se inicie los respectivos procedimientos administrativos disciplinarios a 19 agentes. De los cuales a 11 se les aperturó el referido procedimiento, pero no enviaron el resultado de los mismos.

El cumplimiento del total de las resoluciones enviadas fueron calificadas de la manera siguiente: 2 de ellas aceptadas y cumplidas en su totalidad, a 3 las consideramos parcialmente atendidas y las otras 3 con cumplimiento insatisfactorio. De las restantes la primera fue admitida sin pruebas de cumplimiento, aunque fuera del término legal nos remitieron las documentales correspondientes y la segunda no fue aceptada.

Queremos significar a las autoridades municipales de Carmen, que no debe dudarse de nuestras recomendaciones, las cuales se encuentran basadas en investigaciones totalmente objetivas, fundadas y motivadas conforme a derecho, por lo que lejos de litigar y combatir nuestras resoluciones, la autoridad debió, contribuir a que su personal policial reciba la capacitación y medidas disciplinarias necesarias para que cumplan sus funciones con estricto apego al respeto de los derechos humanos, en el entendido que así, mejorará el servicio prestado.

A la Dirección Operativa de Seguridad Pública de Champotón se le enviaron dos recomendaciones en las que se solicitó el desahogo de procedimientos administrativos disciplinarios a 8 elementos, la devolución de un bien indebidamente asegurado y, la impartición de capacitación a elementos destacamentados en el poblado de Felipe Carrillo Puerto, sobre las facultades legales que poseen en materia migratoria, última que fue aceptada pero no nos fueron remitidas pruebas de su cumplimiento.

La municipalidad de Calkiní, con motivo de la única recomendación que enviáramos a su personal de Seguridad Pública y de Gobernación, giró instrucciones para efectos de que se abstengan de incurrir en actos de molestia en agravio de la ciudadanía en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

Al Ayuntamiento de Hecelchakán, recomendamos que su Dirección Operativa de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, tome las medidas administrativas necesarias para asegurar la integridad física de los detenidos, misma que fue aceptada y cumplida en su totalidad. Logrando que se intensifique la vigilancia en los separos y modificaciones a la infraestructura, dotándola de colchonetas, limpieza general, pintura, luz eléctrica, mantenimiento de los baños y se creara un área para mujeres.

Recomendamos a la comuna de Candelaria, inicie y resuelva un procedimiento administrativo contra un comandante de su policía, perteneciente a esa Dirección Operativa; sin embargo, se negaron argumentando que dicho servidor público opera ahí, por nombramiento de la Secretaria de Seguridad Pública, evadiendo así su responsabilidad.

Una recomendación correspondió al Ayuntamiento de Escárcega, en la cual solicitamos la realización de las gestiones necesarias para capacitar a los elementos de su Dirección Operativa de Seguridad Pública Vialidad y Tránsito; a pesar de haber sido aceptada, no enviaron pruebas de cumplimiento.

Considero oportuno reiterar a los Ayuntamientos, que en materia de Seguridad Pública tienen una encomienda de origen constitucional y trascendencia social, por lo que deben de emprender todos los actos necesarios para garantizar que los agentes policiales a su cargo, cumplan con el servicio público con apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

Salud.

En ese orden de ideas, se emitió a la Secretaria de Salud una recomendación Institucional, en la cual solicitábamos se proporcionara al Hospital General “Dr. Álvaro Vidal Vera”, en específico al área de ginecología y obstetricia, de dispositivos de asistencia respiratoria conocido por su marca como ambú y se repararan los desperfectos del equipo de rayos X portátil.

En atención a nuestra resolución, dicha secretaría suministró al nosocomio señalado 2 equipos nuevos de rayos X portátil, uno para uso general del Hospital y otro asignado a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, actualmente en funcionamiento ambos aparatos; respecto a los ambú en el área de pediatría, neonatos y quirófanos, hoy día se cuentan con 6 que cubren las necesidades hospitalarias y, se implementó como estrategia administrativa, proporcionar mantenimiento correctivo inmediato al equipo médico y electromédico que falle.

A través de 3 propuestas conciliatorias, la Secretaría de Salud brindó atención médica inmediata a un quejoso, informando a sus familiares la evolución de su estado de salud y, que al momento de requerir el cobro de gastos médicos, se tomara en consideración su situación económica; en otro caso se dio respuesta a un escrito de petición, y en asunto diverso se instruyó a un servidor público encargado de tramitar una queja ciudadana, que realizara las diligencias necesarias y emitiera de manera fundada y motivada la resolución correspondiente.

Mención especial merece informar el cumplimiento de una recomendación emitida en el ejercicio anterior, en la que se solicitó el pago de la indemnización de la reparación del daño, por afectaciones ocasionadas a un menor de edad, a quien por negligencia médica le fue amputada una porción del dedo índice de la mano derecha. Al respecto la Secretaria de Salud entregó en efectivo la suma de dinero que legalmente corresponde a este daño, lo cual satisfactoriamente nos permite reconocer los avances que se han estado gestando a favor de la observancia y respeto de los derechos fundamentales en materia de salud en nuestro estado.

Tomemos como ejemplo lo anterior, y reflexionemos que resarcir los daños ocasionados a un ciudadano con motivo del servicio público, no solo es un deber moral, sino legal.

 Educación.

Al respecto, esta secretaría solamente aceptó 2 puntos, y vencido el término concedido no nos fueron remitidas las pruebas del cumplimiento. Ante este hecho y en uso de los derechos que le asisten a los padres del menor, presentaron un recurso de impugnación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por esta actitud, me permito externar mi preocupación, ante la ausencia de comprensión de algunas autoridades que, conforme a nuestro Sistema Jurídico Mexicano, los niños y las niñas deben gozar de una protección especial, y que en todas las medidas tomadas, se atenderá siempre y ante todo, el interés superior de la infancia.

Por otra parte, con motivo de una propuesta conciliatoria, la autoridad educativa en el Estado, instruyó la inscripción de una menor al sexto grado en la Escuela Primaria “Justo Sierra Méndez”.

Así mismo, originado de una queja de un adulto mayor, se exhortó al personal de la Biblioteca Central de esta capital, cumplan su servicio público con respeto y rectitud a los usuarios.

Referente al Colegio de Bachilleres, se concluyó un expediente de queja por conciliación de las partes, instruyéndose a la Directora del respectivo Colegio con sede en Hecelchakán, garantice a una menor el respeto al derecho a la igualdad y trato digno, adoptándose medidas para impartir capacitación en materia de educación sexual a favor de jóvenes y personal docente de todos los planteles.

Impartición de Justicia.

Penitenciario, laboral y otros.

Generado de una queja en materia de traslados penitenciarios, la Secretaría de Gobierno, atendiendo nuestra Recomendación, notificó al quejoso la fundamentación y motivación jurídica de su traslado al Centro de San Francisco Kobén, instruyendo a los Directores de los 2 Centros de Readaptación Social, que en lo subsecuente los traslados forzosos de los reclusos se efectúen sólo por causa justificada y mediante mandamiento escrito debidamente fundado y motivado.

Acreditada por esta Comisión la dilación en el trámite de un expediente radicado ante la H. Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Ciudad del Carmen, enviamos un documento recomendatorio a la Secretaria de Gobierno, misma que fue aceptada y como prueba de cumplimiento, nos fueron remitidas constancias en las que se infería la regularización del trámite del expediente laboral en comento, fijándose fechas para el desahogo de diligencias; por otra parte, fuera de término, se nos informó que se tomaron medidas respecto a la modificación de la estructura administrativa de dicha Junta.

Por avenencia de las partes, la Secretaría de Gobierno instruyó a la Dirección del Registro Civil garantizara a favor de una menor nacida en esta ciudad, e hija de una extranjera y un mexicano, su derecho a la identidad, por lo que ante nuestras gestiones y propuesta de solución, se logró el registro de dicha menor. Por la misma vía de solución, se indicó al Director de Autotransportes del Estado cumpla el servicio público a su cargo con respeto a las personas con las que tiene relación.

 Materia Administrativa.

Una de las 3 recomendaciones enviadas al Ayuntamiento de Campeche, por no haber dado cumplimiento a una propuesta de conciliación, versó sobre el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que dio como resultado que se aplicaran medidas administrativas para hacer efectiva la prohibición legal de emisiones contaminantes que rebasen los niveles máximos permisibles por ruidos.

Las 2 restantes fueron dirigidas a los inspectores de la Subdirección de Ingresos y Subdirección de Mercados, solicitándoles que en los operativos de inspección, verificación y vigilancia se desempeñaran con apego a los principios de legalidad, honradez y rectitud; se les impartieran talleres formativos sobre “La Inspección y Vigilancia en el Marco de la Normatividad Vigente”, así como “Temáticas afines al Respeto de Procedimientos Legales para Evitar Prácticas Negligentes y Temas Vinculados a los Derechos Humanos”.

En cuanto a la venta de bebidas alcohólicas resolvimos un expediente durante su integración, en virtud de nuestra intervención, la Comuna campechana emprendió las acciones de su competencia para aplicar las sanciones correspondiente a un establecimiento comercial con licencia exclusivamente para el expendio de cervezas, procediendo a su clausura, debido a la ingesta de bebidas alcohólicas en el interior de dicho lugar, lo que generaba alteraciones en el orden público.

 Así mismo, se logró que el Ayuntamiento de Carmen, mediante la vía de la amigable composición, restituyera a un quejoso en el goce de su derecho al debido proceso legal y la devolución de un bien mueble asegurado, con apego a la Constitución Federal.

De igual manera, atendiendo lo propuesto por este Organismo, el Ayuntamiento de Hecelchakán tuvo a bien instruir a la autoridad municipal de Pomuch, gestione la adquisición de un terreno para construir un nuevo campo deportivo a favor de los pobladores del barrio de Benito Juárez de dicha localidad.

Informes especiales.

La ley que nos rige permite formular a las autoridades, mediante la emisión de informes especiales, las propuestas generales conducentes a una mejor protección a sus derechos humanos.

En ese sentido, durante el ejercicio 2008, emitimos 2 informes especiales:

El Primero sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Mental Recluidas en los Centros de Readaptación Social del Estado, en el cual, teniendo como sustento el marco jurídico internacional, nos dimos a la tarea de indagar y presentar a las autoridades y opinión pública, un panorama general sobre la situación de los derechos humanos de estas personas que enfrentan el sistema de justicia penal, y que por ende se encuentran recluidos.

La elaboración de la indagatoria, tuvo como fuente de información, la realización de acciones, tales como entrevistas a los juzgadores, al personal penitenciario y a los reclusos con discapacidad mental que se encuentran internos en los 2 centros de readaptación social del Estado, así como la revisión de causas penales.

Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos propuso al Ejecutivo Estatal, el diseño de una legislación que garantice a las personas inimputables un procedimiento especial, con pleno respeto a los derechos que toda persona señalada como autora de un delito tiene; la realización de trabajos encaminados a adecuar un área en el hospital psiquiátrico para albergar en condiciones dignas y seguras a estos pacientes psiquiátricos, a quienes que por la gravedad de su conducta ilícita, deben permanecer recluidos, garantizarles una estancia digna y segura; capacitar a los servidores públicos inmersos en este sistema; coordinar acciones conjuntas con la Secretaría de Salud; y concientizar a sus familiares a fin de que se solidaricen con el tratamiento.

El Segundo Informe versó sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Niños y Niñas Indígenas Trabajadores de la Región de la Montaña de Hopelchén, Campeche.

Estamos conscientes de que en el país existe una gran cantidad de niños que trabajan en distintas actividades y que constituyen el principal sustento de sus familias, razón por lo cual realizamos investigaciones de campo sobre las condiciones en las que trabajan los niños y niñas indígenas que viven en la región de la montaña del municipio de Hopelchén.

Para realizar nuestra investigación, acudimos a las trece comunidades que integran la región de la montaña, visitando las escuelas de nivel primaria, secundaria y bachillerato, a fin de aplicar al azar encuestas a niños y niñas que además de estudiar desempeñan alguna actividad laboral, y se entrevistaron a los directores y algunos profesores para obtener información respecto al rendimiento académico de este sector vulnerable de la población.

Las averiguaciones arrojaron que dentro de las principales causas por las cuales los niños y niñas participan en actividades económicas, en orden de importancia son: las condiciones de extrema pobreza y las características culturales de las comunidades indígenas, quienes integran el trabajo infantil como una estrategia pedagógica y de socialización.

Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos emitió un plan de acción en la que se propone que las autoridades del trabajo fortalezcan las inspecciones oficiosas en los centros donde laboran los menores que nos ocupan; con el objeto de garantizar la estancia en la escuela de los niños trabajadores, se incremente el otorgamiento de becas, el suministro de despensas alimentarias y dotación de útiles escolares; y se sensibilice a los padres sobre la importancia de la educación y los riesgos que corren los niños al trabajar a edades tempranas.

En materia educativa solicitamos se aumente la plantilla de maestros que brindan educación especial, se mejore la infraestructura de las escuelas, se aperturen planteles en las comunidades que lo requieran, se implementen mecanismos para abatir el ausentismo del personal académico, y se mejore la formación de los docentes.

IV.- ADMINISTRACION, CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.

 Administración.

Durante el año 2008 se ejerció la cantidad de $13’293,396 los cuales fueron erogados como a continuación se señala: los gastos por concepto de sueldos y seguridad social ascienden a la cantidad de $9’717,190; en operación del organismo, como materiales, suministros y servicios generales la cantidad de $3’445,465; en los programas de grupos vulnerables y atención a organismos de la sociedad civil $26,232; y en la compra de equipos de computo y oficina la cantidad de $104,509.

Durante este ejercicio fuimos supervisados por la Auditoria Superior del Estado, revisión que dio como resultado una observación que fue solventada y 3 recomendaciones que ya han sido atendidas por este Organismo.

Al igual que en el 2007, la plantilla de la Comisión estuvo conformada por 51 personas que se dividen de la siguiente manera:

De conformidad con el marco jurídico interno, durante el 2008 se efectuó el Programa de Capacitación Interna el cual consistió en 6 conferencias impartidas por los titulares de cada una de las áreas y unidades administrativas, con la finalidad de reforzar el conocimiento del propio personal. De igual manera, se participó en diversos seminarios, foros, talleres, cursos y conferencias ofrecidas por diferentes instituciones públicas y educativas.

Cabe señalar que 4 servidores públicos concluyeron la Maestría en Derechos Humanos y Grupos Socialmente Vulnerables, 7 iniciaron los estudios de Maestría en Derechos Humanos y 1 la Especialidad en Derechos Humanos y la Procuración e Impartición de Justicia para Adolescentes que se imparte en Carmen.

Como parte del compromiso que esta Comisión asume con instituciones educativas para la realización de prácticas profesionales y servicio social, se recepcionaron a 26 estudiantes, de los cuales 15 ya concluyeron su servicio social y los restantes deberán concluirlo en el presente año.

Control.

En lo que respecta a las auditorías de gestión, se llevaron a cabo en el área de la Visitaduría General, señalándose las irregularidades observadas, a efecto de mejorar el servicio que se proporciona.

De la queja incoada por un particular en contra de un servidor público de este organismo, al cual se le inicio un procedimiento administrativo disciplinario, se procedió a emitir la resolución correspondiente por el área encargada para tal fin, no encontrándose elementos de convicción suficientes para imponerle sanción alguna.

En cuanto a la obligación que tiene todo servidor público de presentar su declaración de modificación patrimonial anual, se recibió el documento respectivo de 20 servidores públicos, por razón de su nivel jerárquico, y una de conclusión.

Nos encontramos siempre al pendiente de todas las normas emanadas tanto del Congreso de la Unión como de la Legislatura Local, para proceder a su difusión interna y externa.

Con el fin de garantizar la exclusividad de la identidad de nuestro Órgano Académico, estamos tramitando el Registro de marca del Instituto de Estudios en Derechos Humanos y su logotipo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Transparencia.

Con la finalidad de entregar información fidedigna a peticionarios nos dimos a la tarea de clasificar y ordenar los archivos con los que contamos, llevando a la fecha un avance del 75%.

La Unidad de Acceso a la Información Pública recibió un total de 6 solicitudes relacionados sobre temas como: recomendaciones emitidas a la Procuraduría General de Justicia del Estado, quejas recibidas en contra de este organismo; sobre los programas de estudios de los posgrados que se imparten; nombre del titular de la Comisión y duración de su administración, nombre del Director de Comunicación Social y, el presupuesto ejercido en el año 2008. Cada una de ellas, fueron contestadas en tiempo y forma, de tal suerte que no se interpuso recurso de revisión alguno. Cabe destacar, que estas peticiones se recibieron mediante correo electrónico, representando este sistema una útil herramienta.

Asimismo, con el afán de mantener informada a la Comisión de Transparencia, se elaboró 12 informes mensuales y 1 anual. Dándose cumplimiento a cada una de las observaciones realizadas por el citado organismo con la finalidad de eficientar el servicio de acceso a la información pública que se ofrece.

Continuamos manteniendo una estrecha relación con todos aquellos miembros de la sociedad civil organizada, con el propósito de realizar acciones en conjunto que redunden en una mejor defensa y difusión de los derechos humanos en el Estado.

Para ello se promovieron eventos de capacitación, se proporcionaron espacios necesarios para la divulgación de diversos temas y se difundió el material publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que amablemente coadyuva con nosotros en las acciones de educación, promoción e información de la materia.

A la fecha mantenemos diálogo permanente con más de 117 Organizaciones No Gubernamentales, que atienden una serie de demandas sociales, siempre motivadas por una labor altruista en beneficio de los más desprotegidos, por lo cual reconocemos que su papel es insustituible para la promoción de un desarrollo sostenible y socialmente equitativo.

Antes de culminar el presente informe, quiero hacer propicia la ocasión para externar mi sincero agradecimiento a todas las personas que a título institucional o particular, brindaron lo mejor de sí cuando la tarea de promoción y defensa de los derechos humanos nos hizo acudir a ellos, mostrando con acciones, un compromiso real a favor de la cultura de tolerancia y paz, y a los usuarios de nuestros servicios reiterarles nuestra disposición para atenderles, empeñando en ello nuestro mayor esfuerzo.